sábado, 18 de agosto de 2018

HISTORIA


Alexandre Bóveda: 82 años del

 asesinato. 

El niño prodigio del nacionalismo
 gallego de izquierdas.
En Marea reclama al Gobierno que declare ilegal el juicio sumarísimo que condenó a muerte en 1936, a los pocos días del levantamiento golpista, a uno de los redactores del primer Estatuto de Galicia
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Cédula Seminario de Estudos Galegos.
Lo único que Alexandre Bóveda pidió al tribunal de excepción que lo condenó a muerte fue que rodearan con la bandera gallega la caja en que iban a enterrarlo. Pero ni eso le concedieron. Cuando el pelotón que lo fusiló empezó a disolverse, uno de sus amigos desafió a los soldados, corrió hacia su cadáver y metió bajo la chaqueta, entre las heridas de bala, la bandera por la que quería morir. Tenía 33 años.
Alexandre Bóveda (Ourense, 1903) fue una de las figuras más representativas de la defensa nacional de Galicia y, por ello, uno de los primeros represaliados por el franquismo en Galicia. Lo detuvieron el 20 de julio de 1936, apenas dos días después del levantamiento golpista, lo sometieron a un procedimiento sumario en pocas semanas y lo condenaron a muerte el 14 de agosto. Tres días después, lo ataron a un árbol en el monte de A Caeira, en el municipio pontevedrés de Poio, y lo asesinaron.
Coincidiendo con el aniversario de su muerte, En Marea ha presentado en el Congreso de los Diputados una pregunta escrita en el Congreso reclamando al Gobierno que anule el Consejo de Guerra que condenó a muerte a Bóveda. El suyo y el de todas las víctimas de la represión que fueron condenadas mediante juicios sumarísimos fundamentados en motivos ideológicos.
El redactor de la iniciativa, el diputado lucense Miguel Anxo Fernán Vello, se basa en la Ley de Memoria Histórica, y también en el informe que redactó en el año 2014 Pablo de Greiff, relator de Naciones Unidas sobre la represión del franquismo, en el que se advertía que casi ochenta años después de la Guerra Civil, la memoria de miles de asesinados, como Bóveda, como Lluis Companys —presidente de la Generalitat de Catlunya— y como Miguel Carrasco —diputado y consejero de Sanidad de ese Gobierno— seguía manchada por la lacra de una condena ilegal.
FUENTE/DIARIO PUBLICO.ES

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